Pocas dudas caben ya de que la piratería económica y la existencia de paraísos fiscales son los principales responsables de la crisis económica que comenzó en 2008. Gran parte de los billones que allí se entierran son dinero usurpado a los ciudadanos, y a sus Estados. Estados que, en un primer momento, fueron acusados de la propia crisis y condenados a abandonar sus inversiones.
Los paraísos fiscales se inventaron en el siglo XIX en USA, pero no fue hasta 1934 -año en el que Suiza prueba la ley de secreto bancario- cuando se institucionalizan. A raíz de la globalización económica se instauran también fuera del mundo occidental y el dinero no declarado navega por los siete mares.
Prosperaron gracias al salvoconducto de todas las potencias económicas que vieron en ellos una forma de nuevo colonialismo en países y territorios que les prometían una fiscalidad muy ventajosa.
Pero la isla del tesoro se ha vuelto una trampa. El dinero enterrado allí ha superado todas las expectativas bajo el «turbo-capitalismo» de las últimas décadas y las potencias coloniales se han quedado sin líquidez en tan tremendo trasvase. Además, por el camino han dejado a sus ciudadanos en paro y renunciado a muchos de sus principios socialdemócratas. Por supuesto que los defensores a ultranza del libre mercado no siguen viendo nada de malo en estos paraísos fiscales, pues en ellos se garantiza el derecho a la privacidad económica que sus Estados no pueden prometerles. Hasta tal punto los defienden que, en su opinión, obligarles a cambiar sus leyes sería una injerencia en su soberanía y, paradójicamente, una nueva forma de colonialismo.
Bajo este falaz argumento, 130.000 políticos y empresarios de todo el mundo utilizan paraísos fiscales para hacer sus negocios y alrededor del 25% del PIB mundial se esconde allí.
Manteniendo este tendencia esta claro que será muy difícil dar por concluida la crisis. A los Estados democráticos no les interesa en absoluto que esta situación siga existiendo sin autodestruirse en el intento. Se hace necesario crear un registro global de la riqueza similar al registro de la propiedad, dejando bien claro quiénes son los propietarios -y de qué cantidad- de acciones y bonos, para evitar la evasión fiscal. Al mismo tiempo, el intercambio de información bancaria debe ser automático, no por petición basado en sospechas, como ocurre actualmente. Por último, los Estados deben formar coaliciones para luchar contra la evasión fiscal, caiga quien caiga, y sancionar económicamente a los países que rompan las reglas.
¿Idealismo? Seguir aceptando el status quo es algo más idealista aún. Los paraísos fiscales han sido el corazón de la crisis financiera, fiscal y democrática en todo el mundo y la realidad lo deja claro todos los días.
